La noche del sábado, Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la alianza PAN, PRI y PRD a la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, fue víctima de un atentado a balazos, según denunció ella misma a través de sus redes sociales oficiales.

La camioneta en la que se trasladaba recibió varios impactos de bala, lo que llevó a la candidata a compartir fotos del vehículo afectado, declarando: “Denunciaremos este atentado, me quieren callar”.

Ante este hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que tomó conocimiento de la denuncia hecha en redes sociales por la candidata y que inició la revisión de cámaras de seguridad de la zona.

Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió un comunicado anunciando la apertura de una carpeta de investigación por tentativa de homicidio con arma de fuego en agravio de la candidata.

Según la denuncia presentada por Rojo de la Vega, los hechos ocurrieron en la calle Francisco Tamagno, colonia Peralvillo.

En respuesta, la Fiscalía capitalina dio intervención a agentes de la Policía de Investigación (PDI) y a expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales.

En un último tuit durante la madrugada del domingo, la candidata informó que recién había salido de realizar su denuncia ante el Ministerio Público, evidenciando la gravedad del suceso.

Este atentado se suma a una serie de actos violentos en el contexto electoral. Desde el inicio del proceso electoral el 23 de septiembre, han sido asesinados 25 aspirantes a algún cargo en México, según un reporte sobre violencia electoral de la organización civil Data Cívica.

El distrito Cuauhtémoc, donde ocurrió este atentado, es uno de los más importantes de la Ciudad de México, conocido por su intensa actividad comercial, turística y cultural, albergando lugares emblemáticos como el Palacio Presidencial y el Zócalo, entre otros.

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, vuelve a levantar sospechas sobre presuntos actos de corrupción que estarían beneficiando a sus empresas privadas a través del gobierno del estado.

Las empresas beneficiadas serían principalmente Firma Jurídica y Fiscal Abogados, S.C. y GMA Firma Jurídica Fiscal, S.C, ambas pertenecientes al gobernador y a su padre Samuel Orlando García Mascorro. En total, se estima que los ingresos de las empresas ascienden a los 2 millones 400 mil pesos.

Y lo cierto, es que estas acusaciones no son nuevas. Hace algunos meses ya se había acusado a Samuel García de estar triangulando recursos para beneficiarse.

En ese momento decidió no responder a los cuestionamientos viralizando la canción “Presidente Máynez” en su lugar.

El dinero podría estarse obteniendo de extorsiones desde el gobierno del estado

Sin embargo, el caso retomó relevancia debido a que fuentes cercanas al caso han revelado un esquema de extorsión.

Que estaría presuntamente dirigido a empresarios del sector de hidrocarburos. Quienes son presionados a pagar entre 200 y 400 dólares por pipa de gasolina para poder transitar por el estado de Nuevo León.

Este esquema, supuestamente operado desde la Dirección General de Comercio Exterior, liderada por Carlos Contreras Segovia, obligaría a los empresarios a contratar los servicios de ambos despachos.

Un ejemplo de esto sería la empresa Petrolíferos Lobo S de RL de CV, que pagó 254 millones 324 mil 500 pesos a uno de los despachos del gobernador y su padre.

Cabe destacar que Carlos Contreras Segovia ya tenía denuncias de corrupción antes de estas acusaciones. En 2022 lo denunciaron por cometer delitos mientras era funcionario público.

Además, se ha descubierto una preocupante triangulación de fondos entre proveedores favorecidos por el gobierno estatal y los despachos de García.

Se han movido sumas millonarias sin una clara especificación de los servicios recibidos a cambio. Lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad y transparencia de estas transacciones.

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Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” se congregaron en las inmediaciones de Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX), demandando una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La protesta, que tuvo lugar frente a la llamada “puerta Mariana”, se enmarca parcialmente en la liberación de ocho militares vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, en el estado de Guerrero.

Ante la falta de respuesta, los manifestantes comenzaron a lanzar petardos y cohetones hacia el edificio histórico, generando una movilización policial en la zona.

Se estima que entre seis y ocho cohetones impactaron en la fachada de Palacio Nacional.

Videos compartidos en redes sociales muestran a elementos de seguridad intentando dispersar la manifestación, mientras que el Agrupamiento Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) retiraba los artefactos sin detonar del lugar.

Preliminarmente se reportaron 25 policías heridos durante los disturbios, según informes de Milenio.

Ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio para atender a los oficiales lesionados, algunos de los cuales fueron trasladados al Hospital San Angelín.

La liberación de los militares, ordenada por una jueza federal el pasado jueves 9 de mayo, ha generado indignación entre los manifestantes.

Los ocho individuos enfrentarán su proceso en libertad por delitos de delincuencia organizada, tras el cambio de medida cautelar de prisión justificada.

En tanto, la jueza impuso un pago de garantía de 100 mil pesos a los liberados. Hasta el momento, no se han reportado detenciones en relación con los disturbios frente a Palacio Nacional.

La situación sigue siendo objeto de atención por parte de las autoridades y la opinión pública.

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