La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), se negó a publicar los contratos con la empresa Comercializadora Antsua, proveedora del programa Pegasus y la reservó por cinco años.

¿Por qué? La SEDENA considera como un riesgo el dar a conocer información relacionada con asuntos de seguridad nacional. Así respondió en la resolución CT/RIR/006059/44-2023”, hecha en respuesta a una solicitud de información realizada por El Universal.

En la resolución señalada, explica que la información se mantendrá reservada hasta que “se extingan” las causas que originaron la reserva o que ésta termine, es decir, en 2028.

Contexto

El 29 de enero el INAI ordenó a la dependencia federal buscar y entregar los documentos relacionados con los contratos DN-10 SAIT-1075/P/2019 y DN-10 SAIT-1038/P/2018, que celebró con Antsua para el servicio de monitoreo de información remota.

En esa ocasión, la comisionada Josefina Román señaló que es deber de las autoridades el dar a conocer las contrataciones de servicios realizadas con recursos públicos.

La SEDENA resaltó que los contratos con la referida empresa, se encuentran clasificados con carácter de reservado.

La dependencia enfatiza que como prueba de daño existe el riesgo real que comprende dar a conocer información contenida en los instrumentos contractuales adjudicados con base en las excepciones establecidas en la ley de adquisiciones.

Además, arrendamientos y servicios del sector público que se encuentran relacionados con adquisición de equipo y servicios para generación de inteligencia militar.

La SEDENA destacó que puede favorecer que integrantes de grupos desafectos al gobierno e integrantes del crimen organizado conozcan la tecnología empleada.

¡Uy, no pues gracias! Toda vez que la delincuencia organizada, al conocer el equipo para generar inteligencia militar, se pudiera dotar de mejor instrumental.

Y así, sabotear a las operaciones que se realizan con diversas autoridades de los tres niveles de gobierno.

SEDENA y su concepto de riesgo demostrable

La dependencia señala que divulgar los instrumentos contractuales, servicios, capacitación, normas y procedimientos, así como planes, protocolos y tecnología para generar y explotar información que favorece a la inteligencia militar puede poner en riesgo la prevención de delitos como:

–Sabotaje, espionaje y terrorismo, además de las amenazas potenciales en contra del gobierno mexicano.

Asevera que por las actuales condiciones de inseguridad es de interés público y una prioridad del gobierno mexicano y del instituto armado contar con tecnología que favorezca el cumplimiento de las misiones generales del Ejército, ¡no lo sé, Rick!

El concepto riesgo identificable

La SEDENA remarca que dar a conocer información relacionada con asuntos de seguridad nacional no supera al interés público general, ¿khá?

Toda vez que existen acciones que la propia normatividad prevé que sean llevadas a cabo bajo confidencialidad y reserva.

“Más aun cuando se trata de información relacionada con las adquisiciones de bienes o servicios que favorecen la generación de información y explotación de inteligencia militar”

subraya la dependencia.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que el 2 de octubre del año pasado:

–La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 México y Centroamérica, y SocialTIC, con apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto y en colaboración con Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, difundieron la investigación Ejército espía.

En ese trabajo se dieron a conocer tres casos sobre espionaje en el que fue utilizado Pegasus, dos en contra de periodistas y uno en contra de un defensor de derechos humanos.

Carpetazo a favor del Ejército

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, dio por concluida una queja contra la Sedena por espiar al defensor y activista Raymundo Ramos Vázquez con el spyware Pegasus.

¿Y adivinen qué?, la CNDH únicamente tomó en cuenta la respuesta de la SEDENA, ¡sí ofende!

La dependencia evidentemente niega contar con facultades legales para intervenir comunicaciones privadas civiles, (si tontos no son).

Ninguno de los elementos de prueba del defensor, quien es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), fueron considerados en la investigación.

¡Casi ni se ve amañado el asunto, eh! Cuando Raymundo Ramos confirmó que era víctima de espionaje, en junio de 2019 transmitió un escrito sobre su caso.

Se dirigió a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero la misiva nunca tuvo respuesta, vaya, vaya.

Ramos Vázquez documentaba casos de violaciones graves a derechos humanos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas.

Su caso es considerado uno de los más sólidos que el conglomerado de medios periodísticos integrados en “Pegasus Project”.

En este 2023, con la filtración de documentos de la SEDENA que hizo Guacamaya, se confirmó que:

–El Centro Militar de Inteligencia (CMI) sí estuvo detrás de las intervenciones de las comunicaciones de Ramos.

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